Integridad Electoral en México 2024

Mucho se ha escrito respecto a que la democracia no se reduce al momento de acudir a las urnas a depositar el voto. Mucho también sobre las diferentes formas de ejercer la democracia y también sobre la calidad de la misma y los diferentes estadíos, pero poco nos detenemos a analizarla en su integridad y por lo mismo en sus componentes y la forma en que estos interactúan. De todo ello depende su viabilidad y calidad, va aquí un breve apunte al respecto a pocos días de las elecciones. 

Integridad electoral refiere en particular a los procedimientos y a la institucionalidad entorno de ellos, pero tiene que ver directamente con la calidad de la democracia y de la ciudadanía que la ejerce, dicho esto al menos en dos sentidos: respeto a la voluntad de la soberanía individual que concurre a constituir la soberanía estatal y respeto a las reglas que hacen posible que lo anterior se repita elección tras elección, de manera tal que siempre cabe la posibilidad de la reconstitución de las mayorías y que la diversidad tenga cabida en los espacios de representación y sea considerada en las políticas públicas y en su ejercicio.

Vayamos al procedimiento, si bien la cultura política de Occidente ha definido reglas generales de lo que pueden considerarse procedimientos democráticos, lo cierto es que el aterrizaje de las mismas tiene que ver con la circunstancia específica y de la historia particular de cada sociedad. De manera tal que procedimientos instaurados en México parecerán excesivos para otros países y obedecen sin duda a las particulares historias de desconfianza entre los actores que compiten por el poder político. Ejemplo de ello es la singularidad del padrón electoral, la conformación azarosa de quienes conforman la directiva que recibe los votos en las casillas y muchas otras más.

Tomando en consideración lo anterior, analicemos para México y a unos cuantos días de la jornada electoral, los diferentes componentes del proceso electoral que conforman la integridad electoral y el desdoblamiento de los mismos a esta fecha.

Adoptemos para ello una definición inicial de Integridad electoral, definiéndola como el conjunto de reglas, procedimientos e instituciones que se despliegan para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho a votar y ser votado. Como sustento de ello hay sin duda una consideración sobre la cultura política que subyace en el proceder de los diferentes actores políticos, desde el ciudadano hasta los líderes de los partidos políticos y quienes ejercen el poder público.

Integridad electoral (IE) se vuelve así un concepto ambicioso que va desde procedimientos hasta principios políticos. Desde mi punto de vista los principios básicos de la IE son la ciudadanía, considerándola bajo el axioma más elemental: un ciudadano un voto; las formas y organismos de organización; la equidad en la contienda para los participantes; y la legitimidad de los resultados, de manera tal que las diferencias se resuelvan civilizadamente trayendo como consecuencia paz pública y la continuidad en la operación de las instituciones.

Como componentes de la misma enlisto los siguientes:

1. Normatividad electoral.
2. Autoridades electorales.
3. Padrón electoral.
4. Fronteras geodemográficas electorales que propicien la representación equilibrada de la ciudadanía en los Congresos y delimiten con claridad los ámbitos de competencia de las autoridades ejecutivas a elegir (Distritación). 
5. Representatividad de la diversidad social. 
6. Sistema de Partidos Políticos y candidaturas independientes.
7. Registro de candidaturas.
8. Procedimientos electorales, organización electoral y funcionariado electoral (federal y local).
9. El dinero en la política: Financiamiento y fiscalización.
10. Campañas: condiciones para su despliegue en campo y en plataformas de difusión.
11. Jornada Electoral.
12. Resultados electorales y comunicación de los mismos: Conteos rápidos, PREP y resultados oficiales.
13. Justicia electoral (misma que corre de manera transversal a la organización de las elecciones). Imparcialidad y oportunidad. 

Me detendré en solo en algunos de esos 13 componentes dado el carácter de este escrito.

I) NORMATIVIDAD ELECTORAL.

México cuenta con un complejo entramado normativo electoral derivado de su propia historia. La transición democrática devino en un conjunto de reformas electorales desde 1977 hasta 2014 en las que se fueron ampliando los derechos político-electorales, constituyendo autoridades electorales autónomas, propiciando reglas y financiamiento para una contienda equitativa y fortaleciendo la representación plural de la sociedad.

Sin embargo, dada la historia de desconfianzas y la debilidad institucional, para lograr lo anterior se introdujo en la normatividad, incluida la Constitución, reglas y procedimientos para tratar de evitar el uso indebido del aparato del Estado y de recursos e influencias que rompieran la equidad, al extremo de hacer la norma inaccesible (su comprensión y aplicación) para la ciudadanía en general. Estamos frente a una sobreregulación que ha propiciado justo lo que se quería evitar. 

El exceso de reglas para inhibir conductas indebidas ha traído como consecuencia la multiplicación de fugas legales, es decir, amplios márgenes de interpretación de quienes interponen recursos para atacar o defender posiciones y de la propia autoridad que en no pocas ocasiones cae en sentencias contradictorias o ajustadas al caso de que se trate, rompiendo la regla de la abstracción y generalidad que supondría su proceder.

Por otra parte, se ha llegado al extremo de disposiciones contra natura de la política, como la de imponer tiempos a la deliberación e incluso de un glosario de qué se puede o no manifestar, cuándo y quién. La regla básica, el propósito primario de la equidad que debió haber sido el cuidado del financiamiento a la política (montos y transparencia, origen y destino) y la posibilidad de exponer ante los votantes las diferentes opciones y propuestas se desdibujó en la sobreregulación. 

El complejo andamiaje hace muy fácil caer en falta así como en lo errático, de los criterios a aplicar. 

La normatividad electoral debe revisarse con un ánimo desregulador, pero teniendo como principio fundamental la preservación de los derechos humanos y político-electorales, así como la distancia de los órganos electorales (administrativos y jurisdiccionales) de los poderes públicos, fácticos y de los contendientes. La cuestión es ¿Qué reforma y cuándo? Sin duda la pretensión de la llamada 4T en sus planes A, B y C son inaceptables ya que pretenden, entre otras cuestiones, atraer el control de la organización de las elecciones al aparato gubernamental, así como desconocer la expresión multicultural y diversa de nuestra sociedad al suprimir la representación proporcional en el Congreso federal y en los locales, entre otras cuestiones.

II) AUTORIDADES ELECTORALES.

Propósito fundamental de la transición fue sustraer del poder ejecutivo la organización y el arbitraje electoral, constituyendo autoridades autónomas e independientes que garantizaran confianza a los contendientes y legitimidad a los resultados.

Mucho se avanzó en esa dirección, en 1996 se constituye el Instituto Federal Electoral (IFE) autónomo. Autoridad administrativa responsable de la organización de las elecciones federales y de un insumo fundamental para cualquier elección: el padrón electoral. En paralelo se fortalece la autoridad jurisdiccional al crearse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad en la materia, con carácter de Tribunal Constitucional.

En sucesivas reformas se han ido fortaleciendo normativamente estas dos instituciones y se ha transitado hacia una nacionalización de los procesos electorales, es decir, a que tanto las elecciones locales como las federales recaigan en instituciones nacionales tanto por lo que hace a lo administrativo como a lo jurisdiccional. Y si bien subsisten autoridades locales en la materia estas ahora cuentan con menos atribuciones. El argumento para ello (muchos alegan que esto contraviene el federalismo) fue la estandarización de procedimientos y criterios, así como fortalecer la autonomía e independencia, alejando sobre todo a los poderes locales de la operación y decisiones de las autoridades electorales.

El modelo operó, no sin dificultades en algunos casos, pero hoy enfrenta problemas muy serios. El actual gobierno, autodenominado de la 4T, ha atentado contra las instituciones autónomas en general (INAI, IFT, CRE, etc) y ha encontrado al menos tres mecanismos para ello: su descalificación pública, su integración y su presupuesto. 

En el caso de la autoridad jurisdiccional todos los tribunales están incompletos, empezando por la Sala Superior del TEPJF la que cuenta con sólo 5 miembros de 7 que la deben constituir según lo establece la Constitución. Además, en cada una de las 5 salas regionales y la especializada que lo integran hay una vacante y lo mismo sucede en todos los tribunales electorales locales. 

Lo anterior es de la mayor gravedad ya que se trata de las instancias en las que se dirimen las controversias, se califican las elecciones y se garantiza la legalidad y legitimidad a los comicios. Lo más delicado del asunto es que al parecer esto obedece a una intención expresa de omisión de parte de la mayoría del Senado de la República (integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde), órgano responsable de estas designaciones. 

Por lo que hace al INE, si bien su máximo órgano de decisión (EL Consejo General) está completo, sus últimos cuatro miembros resultaron de un sorteo, incluida la Presidenta, y no del acuerdo político de quienes serán sus “sujetos regulados” y principales interesados de su correcto e imparcial proceder.

Un dato a considerar y que está afectando la operación del INE es que 10 de 15 Direcciones están ocupadas por “encargados de despacho”, ya que no se ha logrado la mayoría calificada que se requiere para nombrar titulares y la Presidencia ha optado, con el apoyo del TEPJF, por las encargaduría y no por el acuerdo del colegiado. Eso, y otros desencuentros, evidencia las desavenencias entre las consejerías, lo que no es extraño en cualquier colegiado, lo que llama la atención en este caso es que eso puede afectar a la tarea central de organizar los procesos electorales en curso.

Afortunadamente la fortaleza organizativa del INE reside en el personal profesional del servicio electoral nacional, quienes llegan a sus cargos a través de concursos públicos nacionales y están sujetos a evaluación constante. Este cuerpo de profesionales, que asciende a más de 2,700, están desplegados en todo el país y sobre ellos recae la organización de las elecciones en los 300 distritos federales.

III) México cuenta con un PADRÓN ELECTORAL confiable, con una cobertura del 98% de la ciudadanía. Lamentablemente se no se comunicó adecuadamente la depuración del listado nominal de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que pudo haber puesto en duda este importante instrumento, base fundamental de la credibilidad.

IV) DISTRITACIÓN. Se cuenta con una equilibrada distribución de la población en los 300 distritos federales que conforman la geografía electoral de México, al igual que en los distritos que constituyen cada una de las 32 entidades de la República. Instrumento confiable no sólo por lo que hace al número de habitantes por distrito de acuerdo al censo 2020, sino además porque para ello se siguió el procedimiento riguroso de consulta a las comunidades y organizaciones políticas para considerar criterios de integración de comunidades indígenas y afromexicanas, además de criterios de movilidad, identidad comunitaria. De manera tal que la distritación vigente no es la mecánica distribución de población en 300 distritos, sino cada uno de ellos conforman sociedades que comparten, en la medida de lo posible, historia, identidad y comunicación.

Para ello se organizaron durante año y medio reuniones en todos los Distritos electorales que conforman la geografía electoral del país, procedimiento que además fue acompañado por los Partidos Políticos. De manera tal que puede afirmarse que la actual cartografía electoral vigente en México no sólo cuenta con definitividad legal sino además con un amplio consenso y legitimidad. 

V) REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIAL. MEDIDAS AFIRMATIVAS.

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en medidas de inclusión y en particular en la referente a la igualdad entre hombres y mujeres y esto se ha reflejado de manera muy importante en la normatividad electoral, de manera tal que se fijan condiciones objetivas para garantizar la conformación igualitaria de los Congresos y se ha avanzado en la posibilidad real del acceso de mujeres a cargos ejecutivos en los diversos niveles de responsabilidad.

En materia político electoral se ha ido más lejos y se han tomado medidas afirmativas para garantizar la representatividad a pueblos originarios, comunidades afromexicanas, miembros de comunidades de la diversidad sexual, jóvenes y discapacitados.

Si bien todo lo anterior puede considerarse progresivo, lo cierto es que en ocasiones para cumplir con los estándares o bien obtener una postulación, se ha incurrido en la simulación o en el tráfico de avales de pertenencia a alguna comunidad. Para no hablar de las fuertes discusiones entre los miembros de algunos partidos que consideran que atender algunas de estas acciones afirmativas transgrede sus principios. 

Sin duda este es un tema que habrá que revisar y ponderar los principios de representatividad y los de inclusión, hasta donde uno se puede sobreponer al otro.

VI) SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

Base fundamental de la democracia representativa son los partidos políticos (PP), sin embargo, en México y en el mundo podemos afirmar que viven una profunda crisis. La que pasa por el decreciente número de afiliados, hasta el poco “entusiasmo” que provocan en la sociedad, para no hablar del desprestigio que les acompaña. Es común encontrar en las encuestas a los partidos políticos en los últimos lugares de la confianza social. 

No es exagerado afirmar que los PP se encuentran distantes de la sociedad a la que aspiran representar y gobernar y de la misma manera que amplios sectores sociales los ven con profunda desconfianza, así como a la política en general, lo más evidente de este fenómeno se refleja en la juventud. En las últimas dos décadas los niveles de participación en los rangos de edad entre los 19 y los 39 años se encuentran por debajo de la media nacional, fenómeno que por cierto podemos encontrar en muchos otros países incluso con democracias de larga data. 

Por otra parte, desde 1946 hasta 2012 los PP tuvieron el monopolio del registro de candidaturas, es decir, la única vía de acceso a la contienda política era a través de los institutos políticos con registro nacional o local. Con la reforma de 2012 se reconoce la posibilidad de registro por la vía independiente (Candidaturas ciudadanas), como una posibilidad de abrir el sistema político, sin embargo, si se analizan las cifras esa ruta ha sido un fracaso, el número de personas que se postulan ha decrecido y quienes han accedido a cargos públicos por esa vía han sido casos excepcionales, prácticamente testimoniales. 

El antipartidismo no optó por la vía independiente. Muchas son las razones que se pueden aducir para explicar eso, desde la gran cantidad de requisitos a cubrir hasta el costo para atenderlos. El hecho es que la reforma del 2012 abrió formalmente esta posibilidad y al mismo tiempo la cerró. 

Además, si bien la reforma político-electoral del 2014 avanzó en materia de equidad, fue un retroceso por lo que hace al registro de nuevos PP. Estrechó el sistema de partidos al sólo abrir la posibilidad de registro de nuevas opciones políticas cada seis años, cuando esta posibilidad existía cada tres, además incrementó el porcentaje de votación de 2 a 3% para conservar el registro. Estas dos decisiones tendrán consecuencias para el sistema político en su conjunto al cerrarse ante una sociedad cada vez más diversa y compleja, al tiempo.

La gran iniciativa de apertura del sistema político mexicano de 1977, después de la olla de presión de los movimientos de los años 50 y 60, esa iniciativa que nos tiene ahora aquí, parece ir en retroceso.

Ante esta debilidad del sistema de partidos cobran fuerza los “grandes electores” ajenos a los PP que usan su sello (¿su franquicia?) para postular candidatos. Si bien esto no es ajeno a los procesos electorales en cualquier país, los filtros de los institutos políticos (militancia, trayectorias, requisitos estatutarios, etc) y las voces influyentes en ellos (Liderazgos, militantes en puestos de relevancia, etc) fungian como contenedores para imponer ciertas condiciones de perfiles y trayectorias a quienes pretendían postularse a una candidatura. Hoy esas reglas se rompen con mayor frecuencia y el pragmatismo se impone, ejemplos de ello encontramos en todos los PP.

IX) EL DINERO EN LA POLÍTICA. FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN.

He aquí un tema estructural. Como lo mencionaba antes, las sucesivas reformas de la transición democrática mexicana debieron poner más atención en este tema en aras de la equidad y la transparencia que en los procedimientos.

México optó, para decirlo rápido, por el modelo europeo y no el estadounidense para financiar la política. Si, la norma establece que el financiamiento a la política proviene fundamentalmente del erario público, las aportaciones de particulares están restringidas y prohibidas las que provienen del extranjero, de la iglesia  y de corporaciones tanto empresariales como sindicales. 

Considero que la pretensión de controlar e identificar el origen y el destino del dinero en la política ha sido ineficiente al menos en dos sentidos: la fiscalización ha ido a la zaga y los recursos públicos y de otras fuentes ilegales, incluido el crimen organizado, fluyen cada vez en mayor cuantía. 

La fiscalización a cargo del INE se enfrenta al menos a dos problemas estructurales, por una parte el que los recursos ilegales que fluyen a la política no pasan por el sistema financiero y es muy costosos y complejo el despliegue que se requiere para detectarlos por vías indirectas y por otra parte, instituciones gubernamentales como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la Comisión Bancaria y de Valores e instituciones bancarias son fuente fundamental de información, sin embargo, en los últimos años los requerimientos de datos no son atendidos o no llegan con la oportunidad con la que se requieren. 

El dinero en la política en muchos casos está haciendo la diferencia entre una campaña exitosa y otra que no lo es, de manera tal que la pretensión de controlar y vigilar el dinero en la política no se ha cumplido y pueden estar llegando funcionarios públicos y representantes con compromisos ajenos a sus electores. Difícil identificar todos los casos, pero lo que sí se puede afirmar que estos ya no sólo se dan en el ámbito de pequeños y apartados municipios.

X) CAMPAÑAS. 

Si bien la irrupción de las redes sociales, el desprestigio de la política e incluso la misma pandemia del COVID 19 han tenido sus efectos sobre las formas tradicionales de hacer campaña, también es cierto que el clima de inseguridad ha impuesto sus condiciones. De manera tal que las concentraciones masivas en el actual proceso electoral se han dado fundamentalmente en torno a las candidaturas presidenciales y se ha reducido el tradicional recorrido de “campo”.

Un fenómeno a seguir es el que tiene que ver con los atentados contra candidatos y candidatas que en más de cuarenta casos han culminado lamentablemente en asesinatos. Este fenómeno se ha incrementado del 2015 a la fecha y sin duda genera un clima poco propicio para la postulación de candidatos y para que la ciudadanía atienda las campañas y en algunos casos inhibe la participación el mismo día de las elecciones.

Un fenómeno emergente que calificaría de esperanzador son los debates, si bien hay una discusión sobre la incidencia que estos tienen en la decisión del electorado, lo cierto es que han ido ganado audiencia y son una fuente de información adicional que al menos obliga a los postulantes a mostrarse más allá del marketing que les rodea. 

La radio y la televisión siguen siendo un medio muy importante de comunicación sobre todo entre sectores populares, los medios impresos han perdido audiencia de manera muy relevante y aún no han logrado recuperarla en los formatos digitales.

Las redes sociales son las que emergen con mayor fuerza e influencia, el gran problema asociado a ellas es lo que tiene que ver con la desinformación y el uso que se les ha dado para generar artificialmente corrientes de opinión e influir sobre el ánimo del electorado. 

Iniciativa importante al respecto ha sido el programa “CERTEZA” del INE, instrumentado desde 2018 (originalmente en sociedad con diversos medios periodísticos), a través del cual se trata de detectar falsedades que se reproducen en redes sociales y contrastarlas contra datos verificables. Este programa es de la mayor importancia durante las campañas, pero en particular durante la jornada electoral y en los días subsecuentes mientras la autoridad electoral da a conocer los resultados oficiales. 

XI) JORNADA ELECTORAL. 

La garantía de una jornada lo más apegada posible a lo que establecen las normas y que en su organización se garantice el respeto al voto, reside en la estructura profesional del INE. Se trata de mujeres y hombres con experiencia y entrenados para ese propósito.

Los riesgos están en el blindaje de seguridad que debe acompañar a la jornada para que la ciudadanía pueda salir a votar y contener a aquellos miembros de PP y/o simpatizantes de alguna candidatura que, ante la eventualidad de perder una elección, propicien actos de violencia para inhibir la participación, interrumpir las votaciones o robar los paquetes electorales.

Lo anterior supone diseñar y operar dispositivos de seguridad de los diversos niveles de la fuerza pública federal y local en coordinación con las autoridades electorales. El tema no es menor y lamentablemente esa coordinación no ha operado con la eficacia de procesos electorales previos y además en un clima de mayor inseguridad y polarización. Estamos en lo que recientemente Jesús Silva-Herzog Márquez calificó como “Los linderos del espacio cívico y el espacio bárbaro”.

XII) RESULTADOS ELECTORALES: ESCRUTINIO Y CÓMPUTO; PREP; CONTEO RÁPIDO Y CÓMPUTOS OFICIALES.

De lo más relevante y delicado es lo que tiene que ver con los resultados electorales desde la casilla hasta los cómputos oficiales, larga cadena que pretende dar certeza sobre la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Todo el despliegue previo puede irse por la borda en unas cuantas horas y días, si estos delicados procedimientos no se realizan al pie de la letra.

Para el 2 de junio, además de los riesgos de inseguridad a los que ya nos hemos referido, el problema residirá en la calidad de la capacitación que hayan recibido los funcionarios de las casillas, para hacerse cargo de abrir las urnas, contar los votos y llenar las actas correspondientes. Eso que al parecer puede considerarse un acto prácticamente mecánico de clasificación, sumas y anotaciones, suele ser un acto delicado cuando después de transcurridas ocho horas de votación hay que abrir y contar hasta seis urnas, lo que será el caso en nueve entidades y cinco en el resto del país excepto en Coahuila.

Aquí, insisto, la capacitación y el cuidado de las casillas estarán a prueba. Con los datos con los que contamos al corte del 13 de mayo, el 88% de los ciudadanos que fungirán como funcionarios el día de la jornada ya fueron capacitados y el 89% de las más de 170,000 casillas que se instalarán cuentan ya con el número de funcionarios requeridos. Llaman la atención Estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Nuevo León que tienen números por debajo de esa media nacional, pero que sin duda en los días que faltan lograrán llegar a la meta.

El otro momento delicado de esa noche será cuando se den a conocer los resultados de los conteos rápidos que correrán a cargo del INE, tanto para la Presidencia de la República como para la Jefatura de Gobierno de la CDMX y de las ocho gubernaturas que serán electas. 

Este ejercicio se ha realizado de manera sistemática y con éxito en las últimas elecciones federales. La novedad en este caso, que puede provocar algunos retrasos en el anuncio de los resultados, es que el Consejo General del INE aprobó que se hicieran conteos rápidos para tener una visión preliminar de cómo quedarán integradas las Cámaras de Senadores y Diputados, lo que implica que la muestra a levantar sea en un mayor número de casillas para que sea representativo el resultado por cada uno de los 300 Distritos Electorales.

En el caso del conteo rápido, desafiando a Heisenberg, se busca al mismo tiempo certeza y oportunidad, esto quiere decir tener el anuncio de la autoridad lo más cerca del cierre de las votaciones, lo que ha venido sucediendo alrededor de las 22.30 horas en elecciones presidenciales pasadas. Cada minuto que pase de esa frontera acrecienta rumores, sospechas y las proclamas de triunfo de los diferentes actores en competencia, como lo demostró la experiencia de las elecciones del 2006.

Otra herramienta fundamental para la certeza en los resultados es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el cual empieza a operar a partir de las ocho de la noche del día de la jornada, capturando los datos de las actas de resultados de las casillas conforme van llegando al centro de cómputo del INE en cada distrito, y digitalizando la imagen de las mismas. Este sistema permanece abierto 24 horas, sin embargo, lo ideal es que estén computadas, alrededor de las 2:00 de la mañana del 3 de junio, el 80% de los resultados de las casillas. Con esto se abona en el camino de la certeza y de la paz pública.

Finalmente, todo este entramado, al menos por lo que hace a la autoridad administrativa, se cierra con los cómputos distritales que realizan tanto el INE como los OPLES en los que se suman los resultados de las casillas que conforman los distritos. En caso de que hubiera duda sobre lo asentado en las actas o se den algunos supuestos de irregularidades consignadas en la norma, los paquetes se deben abrir para verificar los resultados. Este ejercicio inicia en todo el país a partir del miércoles y debe concluir, a más tardar, el sábado siguiente. Con excepción de la CDMX que inicia sus cómputos la misma noche de la jornada electoral. 

Conteo rápido, PREP y cómputos distritales deberán su certeza, legalidad y oportunidad, en muy buena medida, al servicio profesional electoral del INE y a la rigurosa capacitación que hayan recibido los más de 40 mil capacitadores electorales (CAES) y 7 mil supervisores electorales (SE) quienes tienen la responsabilidad de capacitar a los funcionarios de las casillas y auxiliarles el 2 de junio. El problema que observamos para el actual proceso electoral es que en algunos distritos hay una alta, y en algunos casos inusual, rotación de CAES y SE, lo que pone en riesgo la cadena de comunicación y confianza entre la ciudadanía que recibe y cuenta los votos y el INE.

Sin duda, mucho tendrá que ver lo cerrado o amplio de los resultados. Evidentemente entre más competida es una elección mayor tensión se cierne sobre los consejos distritales con los que se incrementa el riesgo de errores y se retrasa el proceso de cómputo.

Finalmente, es importante recordar que el PREP y los cómputos para elecciones locales son responsabilidad de los OPLES. Al respecto hay que referir la heterogeneidad de las condiciones económicas y de operación de los Institutos Electorales en los Estados, hay quienes cuentan con cuerpos electorales sólidos y financiamiento suficiente para garantizar su operación y quienes están en el otro extremo, incluso “castigados” política y por lo mismo económicamente por los gobiernos estatales. El presupuesto a los OPLE se ha convertido en no pocos casos en una herramienta de presión contra ellos. En estos momentos son nueve los OPLES que pasan por las mayores dificultades económicas: San Luis Potosí, Morelos, Zacatecas, Yucatán, Guerrero, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Oaxaca. 

XIII) JUSTICIA ELECTORAL.

La justicia electoral es sin duda un soporte fundamental de todo el sistema electoral y lo recorre de principio a fin en su secuela de actividades y procedimientos y resuelve en definitiva cualquier diferendo. En México toda decisión de la autoridad administrativa electoral es revisable por los tribunales electorales quienes además tienen la tarea de resolver las diferencias entre los actores políticos y entre estos y las autoridades administrativas, así como calificar en definitiva los resultados electorales. Esta gran responsabilidad la enfrentarán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y todos los tribunales electorales de los estados sin contar con con todos sus integrantes, como ya lo señalamos antes.

Se trata, desde mi punto de vista, de un hecho por demás grave que no solo tiene que ver con la capacidad de atender el gran volumen de procedimientos litigiosos que se han presentado y que seguramente se incrementarán en los próximos días, sino que atenta contra la legalidad del propio proceso electoral. Afortunadamente está previsto en ley cómo subsanar estas deficiencias pero no por ello debemos dejar de ver la intencionalidad política de debilitar al poder judicial.

Además de lo anterior, la impartición de justicia electoral no pasa por su mejor momento, los tribunales, y la Sala Superior del TEPJF no es la excepción, han sido erráticos, con frecuencia cambian criterios al resolver algunos casos y han contribuido de una manera importante ha hacer más compleja la ya de por sí abigarrada norma electoral.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: De la misma manera que la justicia electoral recorre toda la Integridad electoral, las condiciones para el ejercicio democrático requieren entre otras condiciones de un clima de libertad, mismo que hoy está severamente amenazado por el avance del crimen organizado sobre las instituciones del Estado, sobre el Estado de derecho y sobre la democracia y sus procedimientos. De la misma manera es preocupante la sistemática violación a la Constitución y las leyes electorales de distintos funcionarios públicos, empezando por el Presidente de la República, que ya ha sido reconvenido por ese motivo en más de 50 ocasiones.

A unos días de la jornada electoral más grande la historia de México, tanto por los 98.3 millones de posibles electores convocados a las urnas como por el número de cargos en disputa (20,375), la democracia mexicana no pasa por su mejor momento y las pulsiones populista y autoritarias la amenazan.

En este breve recuento de los principales elementos que constituyen lo que se denomina integridad electoral, se pueden observar fortalezas pero también importantes debilidades. El futuro aún se dirimirá en las urnas el 2 de junio y después habrá que hacer una revisión a fondo del sistema, antes habrá que conocer los resultados y garantizar el respeto a los mismos.